Los motivos que inducen al Ejecutivo a modificar la actual regulación eléctrica están inspirados principalmente por lograr, de una vez por todas, el anhelo de gran parte de los jefes de la cartera de Energía de los últimos años que a final de mes las cuentas de la luz sean mas económicas para los consumidores finales.
Lo anterior se llevará a cabo, principalmente, a través del robustecimiento del segmento de la transmisión de electricidad, y del mejoramiento de los estándares de seguridad y calidad del servicio eléctrico mediante la creación de un nuevo (y ahora único) Coordinador del Sistema electrico nacional.
En lo que a los consumidores finales nos interesa, el robustecimiento de la transmisión contará, en primer lugar, con nuevas criterios para realizar la planificación de la expansión de este segmento, logrando minimizar los riesgos en el abastecimiento de energía, lo que se traduciría en menos interrupciones (cortes) del suministro eléctrico.
A lo anterior, se suma la creación de condiciones que busquen promover la oferta y la competencia entre los agentes del sector y considerar para el sumimstro de energía a los consumidores finales solamente aquellas instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias, por lo que los costas de instalaciones ineficientes o innecesarias no deberían verse reflejados en las cuentas finales, lo que conllevaría que a fines de cada mes las cuentas de luz de los hogares del país sean más económicas que en la actualidad.
Asimismo, parte del proyecto contempla un importante sentido de transparencia en las cuentas de luz, debido a que estas deberán divisar cada gasto en el que incurran los consumidores finales, de manera tal que estos tengan absoluto conocimiento y convicción de que es efectivamente lo que están pagando (transmisión de la energía, infraestructura, distribución, etc), a esta medida se suman mecanismos para evitar los sobrecargos de precios permitiendo una disminución de precio final de la energía.
Por último, el proyecto de ley establece un claro régimen de compensaciones a los clientes finales para los casos en que hayan interrupciones del suministro de energía (cortes o apagones), estableciendo reglas claras destinadas a reflejar en las facturaciones de luz de final de mes el descuento de la energía no consumida a causa de la interrupción, el cual si
bien debe ser realizado por la empresa distribuidora tal como ocurre hoy dia, presenta un cambio porque se establecerán nuevas reglas con el objetivo de no imputar económicamente a estas empresas, aquellas interrupciones que no hayan ocurrido por culpa de ellas.
En lo que a desventajas respecta, el proyecto de ley presentaría las siguientes falencias relativas a los consumidores finales.
Se contempla un nuevo gasto que deberá cubrir cada pequeña o mediana empresa, hogar y consumidor chileno denominado «cargo por servicio público» destinado a financiar la operación del Coorinador del Sistema Eléctrico Nacional y el funcionamrento del Panel de Expertos (órgano
destinado a resolver conflictos entre empresas eléctricas y entre estas y los órganos del Estado), organismos cuyo presupuesto actualmente es solventado por las empresas eléctricas a prorrata y no por los consumidores finales, libres o regulados.
Otra desventaja que sin duda se reflejara, aunque de una manera indirecta en los pagos de los consumidores finales de electricidad, es aquella consistente en los cambios o modificaciones de carácter mas institucional en el sector eléctrico que el proyecto de ley trae consigo, alterando el funcionamiento e independencia de órganos protagonistas de la actividad como lo son el Panel de Expertos, el Coordinador e, incluso, la Contraloría General de la República.
Por último, y ya no tan ligado con los consumidores finales sino con los habitantes de las zonas que deben aportar con los recursos energéticos para el país,. el proyecto no resulta ser clarificador.
En otras palabras, la regulación de los polos de desarrollo no permite entrever claramente si es que los habitantes de estos lugares se verán final y realmente beneficiados con la nueva ley, o si, se concretará la preocupación que se suscitó durante la tramitación del proyecto de que estas áreas se conviertan en «zonas de sacrificio».
Si bien, nominalmente, se pueden vislumbrar mas ventajas que desventajas para los consumidores a traves de la entrada en vigencia de la nueva ley de transmisión, no queda mas que esperar los efectos que podrán producirse con aquellos cambios que indirectamente los afectarán y la envergadura de los mismos.
Esteban Cañas Ortega
Vergara y Cía.
Investigador del Programa de Derecho Administrativo Económico PUC
Publicado en Edición Especial El Mercurio 15 Junio 2016